La respuesta de la Cuarta República a la disidencia: persecución, tortura, asesinato y desaparición (II)

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Posted 27 julio, 2016 by Norelys Sánchez in INFORMACIONES
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Las investigaciones hasta ahora realizadas por la Comisión por la Justicia y la Verdad, establecida para dar cumplimiento al artículo 4 de la Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el período 1958-1998, tal y como ha informado en reiteradas ocasiones la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, han encontrado evidencias en los archivos desclasificados de los tribunales militares y otros cuerpos de seguridad del Estado de la época , de la existencia de unas 11.043 víctimas.

Sin embargo, para Antonio Arias, miembro principal de la Comisión por la Justicia y la Verdad, la cantidad de víctimas es realmente incalculable. “No cabe en la imaginación, no sabemos aún ni tenemos la medida exacta del número real de personas que fueron afectadas directa o indirectamente por esta práctica sistemática por parte del Estado venezolano, durante el período de la Cuarta República, de violación de los derechos humanos”, indicó Arias.

En ese sentido, Arias reclama que en buena medida los medios de comunicación de la burguesía tuvieron gran responsabilidad en eso, porque silenciaron los hechos y se hicieron cómplices de los delitos. “Así como hoy tergiversan la realidad y dicen que el Estado es el culpable de todo, en el pasado ayudaron al Estado represor a ocultar estos crímenes”.

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Un período regado de sangre y dolor 

“Particularmente en las zonas campesinas fue terrible la represión hasta 1994, cuando se desmovilizó el último destacamento guerrillero de la insurgencia. Todo ese periodo está regado de sangre, dolor, muerte, tortura”, aseguró Arias al tiempo que relató que miles de familias fueron testigos del asedio, la quema, la destrucción de caseríos rurales completos.

“Cientos de campesinos fueron víctimas del terror, vieron sus hogares destruidos, sus cosechas incendiadas, mujeres violadas, pueblos atemorizados. Hasta ahora aparecen victimas. Hemos visto aquí a una viuda campesina que vino a buscar los restos de su esposo después de cuatro décadas y todavía no ha podido superar el trauma psicológico de esos hechos”, recordó.

Arias mismo fue víctima de la represión del Estado, pues tras la Masacre de Cantaura fue detenido, juzgado por un tribunal militar y pagó sin sentencia 12 años de prisión. “Cuando nosotros hablamos de terrorismo de Estado, no son casos particulares. Nos referimos a una práctica sistemática que se usó durante 40 años para aniquilar al movimiento popular; se pasó de un partido a otro, de un gobierno a otro”, dijo Arias.

“El carácter fascista, genocida de esta política se puso en evidencia con las masacres: Cantaura, Yumare, El amparo, El Caracazo. Y hubo masacres con gobiernos de acción Democrática y de Copei. Todas con un mismo denominador: en nigún caso hubo detenidos ni responsables”, destacó.

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“Por ejemplo en Cantaura, testimonios recogen que los soldados detuvieron a varios guerrilleros con vida y luego fueron ajusticiados”, reiteró al tiempo que indicó que las declaraciones de los involucrados y testigos que reposan en los tribunales militares dan cuenta de ello.

Por tanto, los militares eran juez y parte asevera Arias.”En la Cuarta República los militares tenían la potestad de abrir juicios militares a civiles. Era una política de exterminio contra todo el que protestara”, resaltó.

“La justicia de la Cuarta República estuvo al servicio de los opresores. Los militares perseguían y enjuiciaban. Por ejemplo, el general José Dionisio Murga Cabrices, fue el jefe militar que dirigió la operación en la Masacre de Cantaura y a su vez, tenía a su cargo abrir las investigaciones sobre los hechos”, comentó

“ Yo pasé doce años preso sin sentencia. Y así el 95% de los juicios militares a civiles, nunca culminaron con sentencia. Te mantenían preso indefinidamente y sólo un sobreseimiento del Presidente de la República podía darte la libertad. A mí el Estado nunca me demostró la culpabilidad en los supuestos delitos por los que se me juzgaba”, relató Arias.

En peligro los derechos del pueblo

En la actual coyuntura, Arias asegura que están en riesgo los avances obtenidos con la ley que crea la Comisión de la Verdad y al Justicia. “Si ellos regresan, los mismos de la Cuarta República, AD, Copei y sus derivados, volverán a reimponer esa visión de ejercer el terrorismo de Estado como práctica política”, y de allí la gran amenaza que se cierne sobre la democracia y los derechos humanos del pueblo venezolano.

Al respecto, se refirió a la presencia de Henry López Cisco, Coromoto Rodríguez, rostros visibles de la represión en el pasado, en las filas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Ellos sin duda volverían a ocupar sus cargos, que usaron como funcionarios de los cuerpos de seguridad para torturar y agredir a los detenidos y presos políticos. De hecho, Coromoto Rodríguez es el actual jefe de seguridad de Henry Ramos Allup, y es un reconocido represor de la Cuarta República. Pero el mismo Ramos Allup, ya ha amenazado con encarcelar a las actuales autoridades de los poderes electoral y judicial”, advirtió.

“Que la gente sepa, independientemente de su posición partidista, que el retorno de esa visión de país pondría en riesgo los derechos humanos de toda la sociedad, no sólo los de la militancia de izquierda. Cientos de personas que no participaban en ninguna actividad política, fueron víctimas de la represión en la Cuarta República como consecuencia de la aplicación desmedida de prácticas represivas”, aclaró Arias.

“El retorno negado a una coyuntura como la de ese pasado afectaría a toda la sociedad y frente a esa eventualidad debemos mantener una posición firme. Por ello, la ley en su artículo 27 establece la necesidad del rescate de la memoria histórica. Se deben divulgar estos hechos para que se conozcan las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, la situación de las víctimas generadas por el terrorismo de Estado y sus consecuencias políticas, éticas y sociales. Eso debe ser incorporado a la historiografía oficial venezolana, el estudio de las luchas populares del período a que se refiere la presente Ley, como precursoras del actual proceso político”, concluyó.

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La revolución terminó con el terrorismo de Estado 

Mientras, la profesora Elia Oliveros Espinoza, también integrante de la Comisión y autora del libro Lucha armada y social en Venezuela, editado por la Defensoría del Pueblo, señala que desde el 4 de agosto de 1959, cuando asesinaron a cuatro personas en Caracas por protestar debido a la falta de empleo, se inició esta política represora, antes de iniciarse la lucha armada.

“Propiamente la lucha armada empezó en el año 62, pero a principios de los años 60 ya habían asesinado a más de 100 personas por protestar en contar de las políticas neoliberales. Al movimiento revolucionario no le quedó otra que alzarse en armas”, indicó Oliveros.

“La condición de guerrillero no te hace perder la condición de ciudadano. Esos compañeros que fueron asesinados debieron ser detenidos y juzgados. Ellos fueron detenidos con vida y ajusticiados, entre ellos mis esposo. La de ellos era una lucha para la construcción del socialismo”, destacó al referirse a la Masacre de Cantaura.

En la actualidad, dice Oliveros, puede ser que un funcionario se exceda pero no hay una política de Estado como sí existió en la Cuarta República cuyo objetivo era exterminar la disidencia.

“Hoy no hay persecuciones ni desaparecidos, ni torturados por razones políticas. En el mismo caso de Leopoldo López cuyos familiares han denunciado supuesta tortura, no hay evidencia de ello”, aclaró.Sobre ese tema, están las declaraciones del José Luis Rodríguez Zapatero que dijo haberlo visto muy bien física y psicológicamente, durante su visita a Ramo Verde como integrante de al Comisión Mediadora para el diálogo.

“El pueblo venezolano tiene una larga lucha de resistencia. No podemos permitir que los represores del pasado retomen el poder . Las políticas neoliberales de hambre para el pueblo ocasionaron El Caracazo y fueron el origen también de la lucha armada”, concluyó Olivares.

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Fuente: Correo del Orinoco


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